Avances legales contra la morosidad de la administración

La Ley 15/2010 ha venido a reforzar las medidas para la lucha de la morosidad en las operaciones comerciales introducidas por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que incorporó a nuestro derecho interno las prescripciones de la Directiva 2000/35/CE. Se ha considerado necesario y urgente adoptar nuevas medidas para luchar contra la morosidad en el pago de deudas contractuales, auténtica lacra de la economía que frena el desarrollo empresarial y que, en la actual situación de crisis económica y de dificultades en el acceso al crédito, afecta de forma muy especial a las PYMES, provocando, incluso, el cierre de empresas viables.Las Administraciones son las primeras en incurrir en retrasos en los pagos, siendo especialmente grave la morosidad de los Ayuntamientos, hasta el punto de que la Ley dispone la instrumentación por el Gobierno, a través del ICO, de una «línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010». La aplicación de esta medida, prevista por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley, se supedita, sin embargo, a la probación de la futura reforma del sistema de financiación de los Entes Locales.