Hacienda se fija en los banqueros privados que facturan con sociedades | El Confidencial

La Dirección General de Tributos analiza si los préstamos concedidos por una empresa familiar a los descendientes de los partícipes en la misma y a entidades vinculadas, podrían ser considerados activos afectos a la actividad empresarial de la mercantil, respuesta que incidirá tanto para determinar el acceso a la aplicación de la exención prevista en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, como para determinar el alcance de la misma.

La declaración de responsabilidad solidaria del artículo 42.1c de la Ley General Tributaria por deudas de un franquiciado puede declararse respecto de un franquiciado posterior sin necesidad de derivación previa al franquiciador, sin que exista una regla automática que sitúe al franquiciador como primer sucesor.

La Dirección General de Tributos ha vuelto a analizar los requisitos exigidos para aplicar la exención prevista en el artículo 42.3 f) de la Ley 35/2006 —relativa a la entrega de acciones o participaciones a los trabajadores—, reparando especialmente en el que incide en la necesidad de que la oferta de acciones se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa.

El Tribunal Supremo analiza si los rendimientos obtenidos por la persona física que presta servicios profesionales a una sociedad en la que participa pueden calificarse como rendimientos de actividades económicas sólo cuando el socio está dado de alta efectivamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o, por el contrario, es suficiente que esté comprendido, encuadrado o incluido en uno de los supuestos de cotización obligatoria en el referido régimen.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero del 2026 (rec. núm. 7520/2022) reitera la jurisprudencia previa sobre el derecho de los obligados tributarios que han soportado la repercusión legal del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos declarado contrario al Derecho de la Unión para solicitar y obtener la devolución de los ingresos indebidos. Sin embargo, no ordena la retroacción de actuaciones al no haber sido objeto de prueba ―cuya carga recae sobre la Administración― la existencia de enriquecimiento injusto como excepción al derecho a la devolución.

La Dirección General de tributos defiende una interpretación integradora y conjunta de la normativa fiscal —artículo 54.5 de la Ley 35/2006— y civil —artículo 5.2 de la Ley 41/2003—, para resolver la cuestión relativa a la posibilidad de mantener los beneficios fiscales ligados a los patrimonios protegidos cuando se dispone del dinero previamente aportado para su reinversión en productos financieros más rentables.

Para el Tribunal Económico-Administrativo Central, la artificiosidad y la persecución de un ahorro fiscal no son elementos exclusivos del conflicto en la aplicación de la norma. Estas notas también pueden estar presentes en la simulación, cuyo elemento diferencial es la existencia de una finalidad de ocultación o engaño. La mera existencia de negocios artificiosos no excluye la simulación, en especial en supuestos de interposición societaria.

El Tribunal Supremo determina que la limitación a la compensación de las bases imponibles negativas prevista en el segundo inciso del artículo 90.3 del TRLIS —artículo 84.2 de la Ley 27/2014—, es aplicable a las operaciones de fusión inversa cuando la entidad adquirente haya generado tales créditos fiscales antes de su incorporación al nuevo grupo y los mismos ya fueron aprovechados o consumados por anteriores partícipes o socios.

La Dirección General de Tributos determina que en supuestos de fusiones entre sociedades íntegramente participadas de forma directa por un mismo socio, podrá aplicarse el régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aunque no se produzca una atribución de valores al socio de la entidad absorbida, ni un aumento de capital en la sociedad absorbente.