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La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado a la Autoridad Europea de Valores y Mercados que ha adoptado las cinco directrices de desarrollo del Reglamento MiCA de forma que supervisará su aplicación en España en materias como los servicios de transferencia de criptoactivos, la aplicación del MiCA a empresas de terceros países, los requisitos de idoneidad en el asesoramiento y gestión de carteras, los formularios de emisión y admisión a negociación, la clasificación de los criptoactivos a efectos de la aplicación del MiCA y los sistemas y protocolos TIC para tokens distintos de los referenciados a activos y de los de dinero electrónico.

Las directrices europeas establecen una serie de principios generales para asegurar una supervisión efectiva del abuso de mercado en los mercados de criptoactivos, así como pautas en materia de detección y prevención que han de seguir los supervisores nacionales inspiradas, con las lógicas adaptaciones, en el régimen de abuso de mercado del Reglamento del 2014. Habrán de ser traducidas a las lenguas oficiales de la Unión, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si las cumple o si tiene intención de cumplirlas en el plazo de dos meses desde la publicación de la traducción.

Se incorpora al Derecho español con más de un año de retraso el contenido de la directiva sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos, únicamente de los dudosos (NPLs). El proyecto de ley introduce el régimen administrativo de los administradores de crédito y modifica entre otras las leyes la de crédito al consumo y la ley de contratos de crédito inmobiliario.

La aplicación directa del MiCA implica que los emisores de stablecoins no autorizados en la Unión Europea no quedan amparados por este Reglamento; los proveedores de servicios sobre criptoactivos han de informar a sus clientes de esta circunstancia y actuar en todo momento conforme al MiCA

Está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea la reforma del reglamento de folletos con el objetivo de facilitar la financiación a través de los mercados de valores, especialmente para las pymes.

El Tribunal Supremo estadounidense ha declarado que las multas sancionadoras son sanciones civiles en el marco del Common Law y requieren por ello de juicio con jurado al amparo de la Séptima Enmienda

El Tribunal de la AELC en su sentencia de 25 de enero de 2024 considera que los órganos judiciales de los Estados miembros del EEE han de tener en cuenta las directrices de la EIOPA en los asuntos de su competencia cuando han sido asumidas por los supervisores nacionales