GA_P asesora a PSS en su venta al grupo francés ACT Digital

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 1 de agosto del 2025, asunto C-665/23, considera que el ordenante se ve privado del derecho a la devolución del importe de una operación de pago no autorizada cuando ha tardado en notificar a su proveedor de servicios de pago dicha operación, aunque lo haya hecho en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo. Esta interpretación de la Directiva de servicios de pago es aplicable en España (art. 43 RDL 19/2018) y parece mantenerse en el futuro Reglamento de Servicios de Pago.

El Gobierno plantea una nueva reforma de los planes de pensiones, en parte para homologar su regulación con la del resto de los Estados miembros y, por otro lado, para corregir la merma que se ha producido en la contribución a los planes individuales tras la reducción de su deducción fiscal. La reforma propone incrementar el límite de aportaciones a los planes de pensiones, ya individuales, ya de empleo, pero, en principio, no prevé un incremento paralelo en la deducción fiscal, lo que reduce considerablemente el atractivo de la propuesta.

El Tribunal Supremo vuelve sobre el concepto de suma asegurada y su relación con el límite de la indemnización debida por el asegurador en un caso en el que se produjo el incendio y ruina total del edificio asegurado

Los riesgos de aplicar la doctrina de que si ninguno parece querer el contrato, éste se da por desistido. Esa solución no sólo es probablemente incongruente con las pretensiones de las partes, sino que cierra en falso otras opciones civiles distintas de la resolución contractual que puedan hacer valer las partes ante la desestimación de aquélla.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha resuelto que la prenda de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada no es inscribible en el Registro de Bienes Muebles

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava) abordó en su Sentencia 142/2025, de 11 de abril, dos cuestiones relacionadas con el ejercicio de acciones de anulación de dos contratos de compraventa celebrados por un administrador social con violación de su deber de lealtad. De una parte, y a la vista de las circunstancias concretas, decidió sobre si la sociedad podía asumir formalmente la condición de demandante en el litigio. De otra, se pronunció sobre la relevancia que podría tener el hecho de que las operaciones controvertidas fueran convenientes para la compañía afectada y sobre la posibilidad de que existiera una dispensa «tácita».

Inscrito en la hoja registral de una sociedad un poder general otorgado a favor de otra sociedad, el nombramiento por esta última de las personas físicas que van a ejercer dicho poder debe inscribirse en la hoja registral de la sociedad poderdante (en la que está inscrito el poder general) y no en la hoja de la sociedad apoderada.

Existe un «derecho de información pasiva» que obliga a la empresa a proporcionar a las organizaciones sindicales información que constituye contenido esencial de la libertad sindical, entre otros aspectos, sobre los algoritmos o herramientas de inteligencia artificial. Mas no siempre se trata de una nueva fórmula de fijación de la organización productiva, sino de herramientas más sofisticadas de determinación, que no requerirían información plena sobre su utilización.

La sociedad no puede desconocer el derecho de separación que corresponde a un socio por la falta de distribución de dividendos (art. 348 bis LSC) basándose para ello en una «reformulación» de las cuentas anuales realizada al margen de lo establecido por la normativa contable y que provocó que dichas cuentas pasaran a reflejar pérdidas en lugar de beneficios