Entre otros aspectos, los contribuyentes alegan la inconstitucionalidad del impuesto sobre la base de la infracción de los principios de igualdad, de capacidad económica y del principio de reserva de ley. Al mismo tiempo, consideran que la configuración del impuesto podría parecer contraria a la normativa comunitaria y, en particular, a la Directiva 2003/96/CE, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y a la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales…