Medidas laborales en el marco de los planes de reestructuración y racionalización del sector público (en especial, el empresarial y fundacional estatal)

I. PUNTO DE PARTIDA
Las Administraciones Públicas no son ajenas a la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país. Los “100 días de Gobierno” permiten apreciar cambios normativos relevantes que, más allá de los concretos sectores afectados (trabajo, educación, sanidad, finanzas…), se manifiestan en el modo de identificar los problemas y en el de afrontar las soluciones a partir de unas bases distintas. La contención y el control del gasto público es ahora un presupuesto de la acción normativa del Gobierno (y también del Parlamento) y es difícil que los problemas y las soluciones puedan afrontarse con viejos esquemas ajenos a los costes.

Este nuevo escenario dificulta la toma de decisiones, pero no evita que éstas deban tomarse y se tomen efectivamente en algún momento. De lo que se trata, entonces, es de estar preparado para adoptar las medidas laborales que procedan con las mayores garantías y dosis de acierto a partir de los instrumentos jurídicos disponibles.