Los nuevos Contratos Alimentarios: Análisis de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

1. MOTIVACIÓN DE LA NUEVA LEY.

El sector agroalimentario presenta en España un valor estratégico innegable (tanto en participación en el PIB como en otras magnitudes macroeconómicas) por lo que parece muy razonable abundar en la regulación detallada de ciertos extremos de su funcionamiento para asegurar su pervivencia y potenciación. Tales premisas constituyen los fundamentos de la recién publicada Ley 12/2013, de 2 de agosto (en el BOE de 3 de agosto), de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.Resulta muy característico de este sector económico la coexistencia de un alto nivel de atomización (empresas de pequeña dimensión) con grandes cadenas de distribución nacionales e internacionales. La convivencia de dos tipos de canales de venta (organizado y especializado) resulta otro de los factores que condiciona -y así lo atestigua el Preámbulo de la norma- la organización empresarial alimentaria. Junto a ello, la volatilidad de los precios percibidos por los productores, el alto coste de los insumos y la inestabilidad de los mercados internacionales resultan otros factores coyunturales de peso.

No resulta difícil derivar de todo lo anterior la asimetría de los actores del sistema en su conjunto. Con la idea clara de garantizar la unidad de mercado (que tiene otros productos normativos legales en marcha para su aseguramiento), la cadena alimentaria constituye un factor clave de competitividad para la Ley.

Y para ello se ha decidido actuar, preferentemente, sobre los contratos alimentarios, que vienen a ofrecer un nuevo y destacado régimen legal.