Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española: análisis de sus novedades

El pasado 1 de abril entró en vigor la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE de 31 de marzo) que pretende, en palabras de su propia exposición de motivos, «establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública». La ley justifica la medida en la necesidad de evitar los efectos perversos que puede tener la indexación sobre la inflación, como consecuencia de los denominados «efectos de segunda ronda», que hacen que cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice.El objetivo principal de la ley, como reconoce su exposición de motivos, es «establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, que supone aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto, en los precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos»…