¿Embargabilidad ó inembargabilidad de los bienes patrimoniales? (G.C.S.P. N.º 32)

Tradicionalmente se ha venido admitiendo, de forma razonablemente pacífica, que el privilegio de inembargabilidad de los bienes públicos se extiende “naturalmente” a todos ellos, en virtud del sujeto -ente público- que ostenta su titularidad. Durante las últimas décadas, sin embargo, se ha producido una transformación doctrinal y jurisprudencial primero y legal después, de la configuración del principio de inembargabilidad, que ha tendido progresivamente a reducir -si no limitar- ésta en relación con los bienes patrimoniales. En el presente contexto de crisis económica y manifiesta morosidad de las Administraciones Públicas en el pago de cantidades a que está obligada legalmente, el debate de la embargabilidad o inembargabilidad de los bienes patrimoniales adquiere una renovada actualidad, pues la posibilidad de vincular la realización de bienes de titularidad pública a la satisfacción de una deuda pendiente se configura como un recurso más de entre los pocos que el ordenamiento jurídico vigente pone a disposición de los particulares para hacer efectivos sus derechos de crédito frente a las Administraciones deudoras.