El nuevo “arbitraje” entre la administración y sus entes instrumentales

La Ley 11/2011, de 23 de mayo, además de introducir importantes modificaciones en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (que son objeto de otro análisis), ha creado un procedimiento para la resolución de conflictos entre la Administración General del Estado y sus entes instrumentales, o entre dos o más de ellos.La disposición adicional única de la Ley, que lleva por título «controversias jurídicas entre la Administración General del Estado y sus organismos públicos», instaura un procedimiento para la resolución de conflictos entre entes institucionales o societarios públicos que, en la mayoría de los casos, tenían vedado con anterioridad el acceso a los tribunales. No puede decirse, por ello, que estemos ante un sistema de arbitraje propiamente dicho, entendido como un cauce alternativo a la vía judicial.