Cuidado con el derecho de la administración a repetir contra el contratista

Es tradicional en el derecho de la contratación pública la previsión normativa tanto de la responsabilidad patrimonial de la administración pública por los daños y perjuicios que pueda irrogar a los particulares como consecuencia de su actuación – como ocurre respecto de cualquier actuación administrativa en general -, como de la responsabilidad en que incurren contratistas y concesionarios de los daños y perjuicios irrogados a raíz de la ejecución del contrato, a menos que aquellos hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración. como es sabido, a pesar de la previsión del apartado 3 del artículo 198 lcsp, lo habitual viene siendo reclamar una indemnización de la administración contratante, que puede luego ejercitar la acción de regreso contra el contratista, acción de repetición que, a pesar de la tradicional renuencia a su ejercicio, está tomando, en este contexto económico actual, nuevo protagonismo. el ejercicio de tal facultad por la administración pública conoce límites y requisitos cuyo conocimiento permite articular una defensa satisfactoria de la posición del contratista.El artículo 106.2 de la Constitución Española vino a consagrar un principio acuñado con anterioridad como es el de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al reconocer el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la misma sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

En el ámbito de la contratación pública se viene reconociendo, de igual modo, el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración si bien con un régimen jurídico peculiar derivado de la participación, en la gestión de los fines públicos, de los contratistas privados.