Bajas incentivadas frente a despido colectivo. El caso Telefónica

1. Telefónica anunció públicamente el jueves 28 de enero del 2016 que había hecho una provisión de fondos de 2900 millones de euros en el 2015 para su plan de bajas incentivadas. La noticia de prensa, destacable desde el punto de vista económico para una de las compañías señeras de nuestro país, tiene un alcance laboral indiscutible. Siguiendo la información facilitada por medios de comunicación especializados, el grupo cubre así contablemente el coste del plan de suspensión de empleo que pactó con los sindicatos para la filial española y que puede llegar a afectar a unos seis mil empleados. Su objetivo es lograr un ahorro en costes laborales similar al que habría conseguido con un despido colectivo, pero sin el desgaste de imagen o las dificultades legales y políticas que conlleva plantear un despido masivo.Según la empresa, la cantidad provisionada está calculada para cubrir la hipótesis máxima de los empleados que se acojan al plan y su coste hasta la jubilación. Telefónica logró un beneficio neto hasta el tercer trimestre del pasado año de 4577 millones de euros. La cifra provisionada supone el 63 % del beneficio neto acumulado en los nueve primeros meses. Esta operación supondrá —siempre según la información canalizada por la prensa y facilitada por la compañía— un ahorro de 370 millones anuales de gastos directos (si las previsiones efectuadas y la realidad coinciden, pues puede afectar a seis mil trabajadores o a ninguno, precisando los dos extremos posibles). La firma se ahorra el 32 % del salario del trabajador acogido al plan y suma esta operación al despido colectivo puesto en marcha desde el 2010 hasta el 2013, que afectó a 6830 trabajadores de todo el grupo…