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Aprobado el nuevo sistema de aranceles de los procuradores de los tribunales
5 de mayo, 2022
El propósito del recién aprobado Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales —que entra en vigor el 5 de mayo— es acomodar el sistema de aranceles de los procuradores de los tribunales al Derecho de la Unión Europea — basado en el principio de libertad de aranceles— y cumplir con lo establecido en la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
La nueva normativa pivota sobre el derecho de las partes —procurador y cliente— de pactar de común acuerdo la retribución de los servicios profesionales prestados por el primero, en un entorno de libre competencia, sin perjuicio de la obligación de no superar los aranceles máximos establecidos en la ley que sirven de protección al consumidor. En este sentido:
1) Se establece un sistema de aranceles máximos, quedando prohibida la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales y sobre la cuantía global que no podrá exceder de 75.000 €.
2) Los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en el que se hará constar, de forma expresa, la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa.
3) Todas las referencias contenidas en el Real Decreto 1373/2003 a aranceles mínimos obligatorios se entenderán por no puestas.
El Real Decreto establece un régimen transitorio, determinando que el nuevo sistema se aplicará exclusivamente a los procedimientos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo —el 5 de mayo—.
La nueva normativa pivota sobre el derecho de las partes —procurador y cliente— de pactar de común acuerdo la retribución de los servicios profesionales prestados por el primero, en un entorno de libre competencia, sin perjuicio de la obligación de no superar los aranceles máximos establecidos en la ley que sirven de protección al consumidor. En este sentido:
1) Se establece un sistema de aranceles máximos, quedando prohibida la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales y sobre la cuantía global que no podrá exceder de 75.000 €.
2) Los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en el que se hará constar, de forma expresa, la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa.
3) Todas las referencias contenidas en el Real Decreto 1373/2003 a aranceles mínimos obligatorios se entenderán por no puestas.
El Real Decreto establece un régimen transitorio, determinando que el nuevo sistema se aplicará exclusivamente a los procedimientos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo —el 5 de mayo—.
