José Manuel Silva Nunes y Rocío García de Oteyza entre los 50 mejores abogados menores de 35 años según Iberian Lawyer

Sentencia importantísima, y no sólo a efectos de la Ley de Ordenación de la Edificación, con doctrina que me parece correcta, y que limita el alcance de la inmanejable doctrina de los «daños continuados». El plazo de prescripción empieza cuando se manifiesta el daño que puede cursar en el tiempo, no cuando acabara de cursar en el tiempo, pues de otra forma los plazos serían inabarcables.

El reconocimiento judicial del derecho de separación por modificación de hecho del objeto social requiere que el minoritario solicite la convocatoria de junta general, formule una propuesta de modificación estatutaria e impugne el acuerdo negativo.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de una operación en virtud de la cual una persona física adquiere un local comercial para transformarlo en viviendas independientes previa solicitud de cambio de uso del inmueble, con el objeto de venderlas o alquilarlas

La voluntad de la junta general de socios de una sociedad española no puede ser suplida por la de un juez o un letrado de la administración de justicia, ni siquiera cuando estos se integran en la administración de justicia de otro Estado y han actuado en el marco de un procedimiento extranjero y de acuerdo con su Derecho procesal.

Una reflexión sobre cómo la singularidad del know how puede hacer ineficientes los contratos de franquicia

Es una pena que se lleve el recurso por infracción procesal, porque queda en la sombra una de las cuestiones MÁS DIFICILES relativa a la solidaridad y la transacción.

En su Sentencia 493/2025, de 25 de marzo, el Tribunal Supremo repasa los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un seguro múltiple y, por tanto, para que resulte aplicable el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro.

Interpretación reductora, pero razonable, del artículo 650.1 TRLCon

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.