Guillermo Guerra sobre sostenibilidad y buen gobierno corporativo | Cap&Corp

El reconocimiento judicial del derecho de separación por modificación de hecho del objeto social requiere que el minoritario solicite la convocatoria de junta general, formule una propuesta de modificación estatutaria e impugne el acuerdo negativo.

La voluntad de la junta general de socios de una sociedad española no puede ser suplida por la de un juez o un letrado de la administración de justicia, ni siquiera cuando estos se integran en la administración de justicia de otro Estado y han actuado en el marco de un procedimiento extranjero y de acuerdo con su Derecho procesal.

Una reflexión sobre cómo la singularidad del know how puede hacer ineficientes los contratos de franquicia

Es una pena que se lleve el recurso por infracción procesal, porque queda en la sombra una de las cuestiones MÁS DIFICILES relativa a la solidaridad y la transacción.

En su Sentencia 493/2025, de 25 de marzo, el Tribunal Supremo repasa los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un seguro múltiple y, por tanto, para que resulte aplicable el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro.

La persona jurídica administradora debe designar un representante al tiempo que acepta el cargo porque la protección de la eficacia preventivo-punitiva de las normas sobre responsabilidad orgánica (frente a la sociedad, socios o terceros) requiere que exista una persona física responsable, con todos sus bienes presentes y futuros, del correcto desempeño de las funciones y competencias propias del cargo. Es indiferente por ello que se trate de un supuesto de responsabilidad por daños o de responsabilidad por deudas o de responsabilidad concursal.

Interpretación reductora, pero razonable, del artículo 650.1 TRLCon

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

La Dirección General confirma que la obligación de las sociedades participantes en una modificación estructural de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere únicamente a las obligaciones de carácter estatal, no siendo necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter autonómico y local.