La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2017, de 11 de mayo (BOE de 15 de junio), resuelve el recurso de inconstitucionalidad por vulneración del sistema de distribución competencial interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, vino a sustituir a las dos leyes estatales básicas reguladoras de los procedimientos de evaluación ambiental: la Ley 9/2006, que regulaba la evaluación de los planes y programas, y el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008…