Durante las últimas décadas, la economía europea ha sentido la necesidad de integrar, de manera estructural, medidas ambientalmente responsables. La toma de conciencia de la relevancia de preservar un sistema medioambiental sostenible ha alumbrado lo que ha venido a denominarse la contratación pública ecológica o contratación pública verde, herramienta al servicio de la producción, utilización y consumo sostenibles, así como en una economía y prácticas de contratación responsables. En España, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han adoptado medidas que avanzan y profundizan en la línea señalada.