El pasado 13 de febrero de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado a la Administración General del Estado a abonar la cantidad de 3.124.631,66 euros, con los intereses legales devengados desde la fecha de reclamación, en vía administrativa, para la indemnización por los daños y perjuicios derivados de las vicisitudes acontecidas en el seno de un contrato de obras…