La reciente Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ha sido el vehículo utilizado para introducir la última modificación de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Este hecho, por sí solo, suscitó gran interés, seguramente por la escasa frecuencia con la que este tipo de ajustes suceden y por el amplio consenso existente en torno a la necesidad de actualizar la precitada norma. Los trabajos preparatorios de una reforma de amplio alcance, en la legislatura 2012‑2016, fueron trasladados sólo en una pequeña porción a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR), lo que dejó una cierta sensación de «ocasión perdida» abonando la esperanza de recuperar en otro momento más propicio la parte de la reforma que se quedó por el camino.