Mafalda Barreto sobre el seguro de Representations & Warranties (R&W) – un facilitador para las transacciones de M&A | Advocatus

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

Noticia sobre la primera vez que la Comisión Europea sanciona las prácticas de no-poach agreements

Con la puesta en funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes se ha manifestado una tendencia por parte del tribunal a extender su competencia en relación con patentes que producen efectos en Estados que no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Este fenómeno se conoce en los círculos especializados como el long arm del tribunal. Ahora bien, aunque en determinados casos el TUP goza efectivamente de tal competencia, ello solo es posible dentro de unos estrictos límites, que no siempre están siendo tenidos en cuenta.

El Tribunal Central determina que la anulación del acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal, que comporta la incompetencia territorial del órgano que dictó una liquidación o sanción, no determina la nulidad de estos actos administrativos porque la incompetencia no es manifiesta y es sobrevenida. De ello se infiere que sí habría dicha nulidad de la liquidación o sanción cuando, a su vez, sea nulo el acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal por existir razones que así lo justifiquen, y resulta cuestionable que se niegue la incompetencia territorial manifiesta como norma y no en atención a las circunstancias del caso.

Sentencia importantísima, y no sólo a efectos de la Ley de Ordenación de la Edificación, con doctrina que me parece correcta, y que limita el alcance de la inmanejable doctrina de los «daños continuados». El plazo de prescripción empieza cuando se manifiesta el daño que puede cursar en el tiempo, no cuando acabara de cursar en el tiempo, pues de otra forma los plazos serían inabarcables.

Se expone la doctrina constitucional sobre diversas cuestiones que se plantean en el examen de las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas.

La empresa recurre a un ERTE a la espera de que se produzca la nueva adjudicación de la contrata y se haga efectiva la subrogación convencional sin que tal actuación suponga abuso de derecho, siendo la causa temporal la inminente concesión de la contrata.

El reconocimiento judicial del derecho de separación por modificación de hecho del objeto social requiere que el minoritario solicite la convocatoria de junta general, formule una propuesta de modificación estatutaria e impugne el acuerdo negativo.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de una operación en virtud de la cual una persona física adquiere un local comercial para transformarlo en viviendas independientes previa solicitud de cambio de uso del inmueble, con el objeto de venderlas o alquilarlas