Las empresas analizan el nuevo ‘compliance sociolaboral’ | El Economista

Noticia sobre la primera vez que la Comisión Europea sanciona las prácticas de no-poach agreements

La empresa recurre a un ERTE a la espera de que se produzca la nueva adjudicación de la contrata y se haga efectiva la subrogación convencional sin que tal actuación suponga abuso de derecho, siendo la causa temporal la inminente concesión de la contrata.

La declaración de concurso voluntario coincidente con la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa y la extinción de la empresa no impide la interrupción de la prescripción de un año de la acción laboral, que volvió a iniciarse de inmediato, dada la simultánea finalización del concurso

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

Cuando la única causa de despido colectivo invocada es la finalización de la contrata se impide el efecto protector de la norma consistente en el mantenimiento del contrato de trabajo, neutralizando la obligación de subrogación laboral legalmente impuesta

De creación jurisprudencial, la garantía de indemnidad alcanza ahora un régimen jurídico específico en la Ley Orgánica de Derecho del Defensa. Las personas trabajadoras podrán ejercer esta garantía ante las consecuencias desfavorables por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales. Aunque ya existía este reconocimiento, la exigencia de derivar en una reclamación judicial restringía una aplicación que, ahora, parece ampliarse.

Un nuevo Acuerdo del Tribunal Supremo, establece el formato y los límites de los escritos de formalización e impugnación de los recursos de casación, que habrán de ir precedidos por una carátula «resumen», disponible en la web del CGPJ. Todo ello será aplicable en el plazo de veinte días.

Se condena a la empresa por daño moral al compartir datos relativos a la vida privada de una empleada derivados de una demanda interpuesta contra la empresa. Estos datos se publican en una carpeta digital que, ante la ausencia de las debidas medidas de seguridad, son accesibles por terceros.

La obligación de propiciar ajustes razonables en el puesto de trabajo para las personas con incapacidad permanente adquiere ahora una relevancia nueva al desaparecer como causa de extinción automática del contrato de trabajo. Porque ahora, salvo voluntad en contra del trabajador, la empresa dispone de tres meses para efectuar dichos ajustes u ofrecer la vacante de un puesto adecuado. Deberá justificar su negativa en la carga excesiva que supone para la empresa enfrentándose de lo contrario, no sólo al incumplimiento legal con las consecuencias debidas, sino al mantenimiento de la relación laboral, también con todas sus consecuencias.