GA_P asesora a Kartesia en la venta de una participación mayoritaria en Portsur Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

El Tribunal Central determina que la anulación del acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal, que comporta la incompetencia territorial del órgano que dictó una liquidación o sanción, no determina la nulidad de estos actos administrativos porque la incompetencia no es manifiesta y es sobrevenida. De ello se infiere que sí habría dicha nulidad de la liquidación o sanción cuando, a su vez, sea nulo el acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal por existir razones que así lo justifiquen, y resulta cuestionable que se niegue la incompetencia territorial manifiesta como norma y no en atención a las circunstancias del caso.

El reconocimiento judicial del derecho de separación por modificación de hecho del objeto social requiere que el minoritario solicite la convocatoria de junta general, formule una propuesta de modificación estatutaria e impugne el acuerdo negativo.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de una operación en virtud de la cual una persona física adquiere un local comercial para transformarlo en viviendas independientes previa solicitud de cambio de uso del inmueble, con el objeto de venderlas o alquilarlas

La voluntad de la junta general de socios de una sociedad española no puede ser suplida por la de un juez o un letrado de la administración de justicia, ni siquiera cuando estos se integran en la administración de justicia de otro Estado y han actuado en el marco de un procedimiento extranjero y de acuerdo con su Derecho procesal.

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

Una reflexión sobre cómo la singularidad del know how puede hacer ineficientes los contratos de franquicia

La Dirección General de Tributos analiza, en el contexto de la exención del artículo 38.3 de la Ley 35/2006 —relativa a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales por personas mayores de 65 años que reinviertan lo obtenido en la constitución de una renta vitalicia asegurada—, las consecuencias fiscales que podrían derivarse del establecimiento de determinadas fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, así como del rescate de tales rentas vitalicias.

El alcance de la Sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso núm. 1102/2022 es claro y abarca tanto la anulación del acuerdo desestimatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación y de la resolución del tribunal económico-administrativo que lo confirma como el reconocimiento del derecho del recurrente al restablecimiento de su situación jurídica individualizada.