Entrevista a Enrique Ortega, socio coordinador de Fiscal del Despacho | Expansión

El Tribunal Central determina que la anulación del acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal, que comporta la incompetencia territorial del órgano que dictó una liquidación o sanción, no determina la nulidad de estos actos administrativos porque la incompetencia no es manifiesta y es sobrevenida. De ello se infiere que sí habría dicha nulidad de la liquidación o sanción cuando, a su vez, sea nulo el acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal por existir razones que así lo justifiquen, y resulta cuestionable que se niegue la incompetencia territorial manifiesta como norma y no en atención a las circunstancias del caso.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de una operación en virtud de la cual una persona física adquiere un local comercial para transformarlo en viviendas independientes previa solicitud de cambio de uso del inmueble, con el objeto de venderlas o alquilarlas

La Dirección General de Tributos analiza, en el contexto de la exención del artículo 38.3 de la Ley 35/2006 —relativa a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales por personas mayores de 65 años que reinviertan lo obtenido en la constitución de una renta vitalicia asegurada—, las consecuencias fiscales que podrían derivarse del establecimiento de determinadas fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, así como del rescate de tales rentas vitalicias.

El alcance de la Sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso núm. 1102/2022 es claro y abarca tanto la anulación del acuerdo desestimatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación y de la resolución del tribunal económico-administrativo que lo confirma como el reconocimiento del derecho del recurrente al restablecimiento de su situación jurídica individualizada.

El Tribunal Económico Administrativo Central ha vuelto a manifestarse a favor de la sujeción al impuesto sobre el valor añadido de los servicios que una casa central situada en el extranjero presta a una sucursal situada en territorio español, cuando la sucursal actúa autónomamente desempeñando una actividad económica cuyo riesgo asume

Análisis de dos recientes sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Cataluña donde, a efectos de aplicar los beneficios previstos para la empresa familiar en el impuesto sobre el patrimonio, se examinan las condiciones en las que podrían considerarse afectos a la actividad económica tanto los créditos concedidos a los miembros del grupo familiar como los inmuebles que la entidad pueda arrendarles.

Para el Tribunal Supremo, la prohibición de que las liquidaciones vinculadas a delito sean revisadas en la vía económico-administrativa y por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, dada su posición instrumental respecto de una causa penal en el curso de la cual podrá controlarse que son conforme a derecho.

El Tribunal Supremo determina que no procede aplicar el tipo de gravamen reducido del 10% previsto en la Ley 37/1992 a los servicios de renovación o reparación de viviendas particulares, cuando éstos son contratados y abonados directamente por una compañía aseguradora, aunque beneficien a la persona natural titular de la vivienda de uso particular, en su condición de asegurado.

Para la Gran Sala del Tribunal de Justicia, una exención fiscal basada en criterios objetivos y no discriminatorios e integrada en la lógica del régimen jurídico del impuesto al que acompaña es inherente al régimen tributario «normal» y no confiere, en principio, una ventaja selectiva. En estos supuestos, los requisitos para conceder la exención son neutros desde el punto de vista de la competencia y el hecho de que algunas empresas los cumplan y otras no carece de pertinencia a la luz de las normas sobre las ayudas de Estado.